La propuesta fue planteada por varios portavoces de la asociación, que engloba a víctimas y allegados de los afectados por los sucesos del 13 de marzo de 1976 de Vitoria, en los que cinco trabajadores murieron en un enfrentamiento con la Policía durante una protesta, ante la Comisión especial creada en el seno del Parlamento vasco para analizar los hechos. Este órgano recibirá mañana a una representación del Instituto Universitario de Historia Social Valentín de Foronda, que en 2005 realizó un informe sobre los hechos.

La Cámara vasca ya aprobó en febrero del año pasado una propuesta similar a la planteada ahora por este colectivo, aunque en aquel caso, la petición de reconocimiento y de indemnizaciones se extendía al Ejecutivo central, al amparo de la Ley de Memoria histórica.

La Asociación de Víctimas del 3 de Marzo, ante la consideración de que lo planteado en dicha solicitud no se llevará a cabo, dirige ahora su reclamación al Ejecutivo autonómico, al que pide que "reconozca a todas aquellas personas que, luchando por la recuperación de las libertades y para la instauración de la democracia, padecieron la violencia del Estado".

El colectivo propuso que la consideración de víctimas no se limite a los fallecidos, sino que se aplique a las personas heridas y a las que fueron encarceladas o padecieron "cualquier secuela derivada de la violencia ejercida" contra ellos. Asimismo, consideró necesario que se establezcan "idénticas indemnizaciones económicas y tratamiento" que las contempladas en la Ley de solidaridad con las víctimas del terrorismo que el Ejecutivo vasco espera llevar a la Cámara autonómica en el transcurso de este año.

Por otra parte, los representantes del colectivo mostraron su esperanza de que la comisión creada en el Parlamento "asuma y amplíe" el dictamen sobre los hechos realizado por el Instituto Valentín de Foronda en 2005.

"ESCARMIENTO"

Aunque reconocieron que el trabajo "sí establece responsabilidades claras" por parte de la Policía, los representantes de la asociación discreparon de alguna de sus partes. Según dijeron, el trabajo "da a entender" que la intervención policial se desencadenó de forma espontánea, al verse los agentes "rodeados y acosados". Por el contrario, la asociación aseguró que la actuación policial estuvo "perfectamente planificada" y que "existía una clara intención de dar un escarmiento".

Por otra parte, los portavoces del colectivo destacaron la necesidad de que la comisión "establezca las responsabilidades políticas" derivadas de la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, para lo que, tras matizar que la delimitación de "las responsabilidades políticas de personas concretas" es tarea de la propia comisión, ofreció una relación de las personas que en aquella época "ocupaban cargos de autoridad y poder".

Entre ellas, mencionaron al Rey don Juan Carlos I, al entonces presidente del Gobierno, Carlos Arias Navarro, y al ministro de Gobernación, Manuel Fraga Iribarne.