(Reuters) - La Fiesta Nacional ha pasado a convertirse en motivo de enfrentamiento entre comunidades, después de que el viernes Valencia y Murcia se sumaran a Madrid e iniciaran sendos procesos para declarar las corridas de toros Bien de Interés Cultural, en una aparente respuesta al debate parlamentario que Cataluña está celebrando sobre una eventual prohibición de las corridas. "No debemos caer en un debate simplista y utilizar los toros como un motivo más para rechazar todo lo español", declaró el viernes el consejero de Gobernación de la Generalitat Valenciana, Serafín Castellano, según una nota de prensa colgada en la web regional (www.gva.es). "Por ese motivo, desde el Consell vamos a seguir defendiendo las tradiciones artísticas y culturales valencianas, y también las nacionales como sucede en el caso de los toros", agregó. El Gobierno valenciano ha aprobado no sólo proteger las corridas de toros, sino los 'bous al carrer', un tipo de encierro muy popular en Valencia. La Generalitat estima que el 60 por ciento de los pueblos valencianos acoge anualmente espectáculos taurinos y se celebran unos 6.000 festejos de 'bous al carrer'. Por su parte, Murcia ha emulado a Valencia, informaron diversos medios. No hubo ningún portavoz del Gobierno de Murcia que pudiera confirmar esta noticia. Ambas comunidades, gobernadas por el Partido Popular, siguen los pasos de Madrid, cuya presidenta, la también 'popular' Esperanza Aguirre, dijo ayer dijo que los toros son "un arte" y que deben ser protegidos del mismo modo que los monumentos o museos. LIBRE ELECCIÓN Según la Ley de Patrimonio Histórico, cualquier persona puede solicitar la declaración de un Bien de Interés Cultural, que será determinada por los organismos competentes, que pueden ser el Consejo de Ministros, las comunidades autónomas o los ayuntamientos. La reacción de estas comunidades se produce después de que el Parlamento catalán comenzara esta semana un debate con numerosos ponentes que presentaron sus posiciones a favor y en contra de una iniciativa popular que planteó en diciembre la prohibición de las corridas y que de ser aprobada podría prohibir las corridas en Cataluña antes del verano. Por su parte, el Gobierno central se mostró más partidario de la libre elección que de la imposición y consideró que "no es razonable que un asunto de esta naturaleza sea objeto de una polémica institucional", según declaró la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega. Aunque existen pocos estudios al respecto, los grupos antitauromaquia y de defensa de los derechos de los animales citan un sondeo de Gallup realizado en 2006, según el cual el 72,1% de la población española afirmaba no tener ningún interés por los espectáculos taurinos, llegando al 81,7% en las personas entre los 15 y los 24 años.

4 Comentarios: