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El "contrato de integración" contiene aspectos claramente inconstitucionales
11-02-2008 21:42:03

UGT considera que el “contrato de integración” para los inmigrantes propuesto por el Partido Popular contiene aspectos claramente inconstitucionales, como poner condiciones al respeto de derechos fundamentales. El sindicato, al igual que la sociedad española, no comparte ese concepto de integración que consiste en la sumisión y la desigualdad, primer germen del rechazo y el racismo. Para UGT, hay que tratar de contribuir de manera positiva a la convivencia y no dar pasos atrás utilizando de nuevo la inmigración para poner en cartel propuestas populistas y xenófobas que la equiparan con la delincuencia, intentando conseguir votos de los españoles a costa de los que no lo son. El trabajo digno y de calidad es el principal factor de integración para los inmigrantes, junto con la posibilidad de reagrupar a sus familiares. Son ciudadanos, como todos, con derechos, que el Estado tiene que garantizar.

En el día de ayer, y a través de declaraciones a diversos medios de comunicación, UGT rechazó la propuesta del Partido Popular sobre la creación de un “contrato de integración” para inmigrantes.

UGT esperaba que el Partido Popular tomara nota tras las diversas reacciones a su propuesta, y comprendiera que se hace un flaco servicio a la sociedad insistiendo en dar una imagen distorsionada y sesgada de la inmigración. Una sociedad de la que forman parte personas de nacionalidad y/o origen extranjero.

Pero hoy nos hemos encontrado con la desagradable sorpresa de que distintos dirigentes del Partido Popular siguen insistiendo en las supuestas bondades del “contrato de integración”. En el caso de algún destacado dirigente incluso, haciendo gala de un total desconocimiento y falta de rigor y con una falta absoluta de respeto a los inmigrantes y al conjunto de la sociedad a la que estos pertenecen, la sociedad española.

El “contrato de integración”, además de contener aspectos claramente inconstitucionales, como poner condiciones al respeto de derechos fundamentales, es una expresión de un concepto de integración que UGT no comparte. Y tampoco lo hace la sociedad española.

La integración se presenta en este supuesto “contrato” como una obligación de los inmigrantes de adaptarse a una sociedad que permanece inmutable. Una sociedad, la de este contrato, que no reconoce derechos a los trabajadores y que solo acepta a los trabajadores inmigrantes, si son “utiles” y mientras lo son. Una sociedad basada en la desigualdad, regida por la presunción de culpabilidad de todo el que no tenga nacionalidad española. Una sociedad en definitiva en la que se vuelve a la misma idea utilitarista de la inmigración que predominaba hace años: que vengan, que trabajen en lo que nos sea útil, que coticen a la Seguridad Social, pero que no se consideren parte de la sociedad que contribuyen a construir, que se vuelvan a sus países.

Con este concepto no hay integración, hay sumisión, hay desigualdad y la desigualdad por ley es el primer germen del rechazo y el racismo. El Partido Popular contrapone la sociedad española y los inmigrantes, y propone un modelo de sociedad, que no es compartido por la mayoría de quienes la componemos.

UGT considera que lo oportuno es tratar de contribuir de manera positiva a la convivencia . Y no dar pasos atrás utilizando de nuevo la inmigración para poner en cartel propuestas populistas y xenófobas que equiparan la inmigración con la delincuencia, intentando conseguir votos de los españoles a costa de los que no lo son.

Para UGT el trabajo digno y de calidad es el principal factor de integración para los inmigrantes, junto con la posibilidad de reagrupar a sus familiares. Son ciudadanos, como todos, con derechos, que el Estado tiene que garantizar junto con los servicios y las prestaciones que les corresponden como tales.

El sindicato considera que la política migratoria, tal y como recoge nuestro informe “2004-2008: Una legislatura de Diálogo Social”, debe ser una política integral que contemple entre otras cuestiones:

*garantizar la igualdad de trato y oportunidades de los extranjeros no comunitarios en el ámbito laboral. Para ello hay que potenciar el papel de los Servicios Públicos de Empleo y el acceso a la formación para el empleo, como instrumentos para permitir la incorporación y permanencia en el mercado de trabajo y la movilidad funcional.

*Reforzar los mecanismos de lucha contra la trata y la explotación de seres humanos, en el ámbito laboral entre otros. Garantizar una adecuada protección a las víctimas para prevenir y eliminar determinadas conductas delictivas.

*Abordar la contratación y la formación en origen de trabajadores extranjeros desde la teniendo en cuenta que perspectiva de la subsidiaridad y con el doble objetivo, de dar respuesta a las necesidades contrastadas y acordes con las políticas de empleo y formación españolas y de que sean compatibles con la situación y los proyectos de desarrollo de los países de origen.

*Aplicar políticas efectivas dirigidas al desarrollo de los países de origen porque las diferencias económicas, sociales y políticas entre países son uno de los principales factores que originan las migraciones actuales. Los países de destino han de tener en cuenta, al elaborar sus políticas de inmigración, la situación y necesidades de los países en vías de desarrollo.


 

 
 
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