Durante un desayuno de "Fórum Europa, Tribuna Euskadi", celebrado en Bilbao, Maura aseguró que su formación pretende, asimismo, una modificación que permita al Estado "recuperar" competencias en materias como Educación o Sanidad, entre otras.

El representante de UPyD consideró que uno de los principales objetivos de la reforma de la Constitución Española sería, precisamente, la recuperación competencial, no sólo de educación y sanidad, sino también de cooperación exterior, planificación territorial y recursos naturales y medioambientales.

Además, abogó por la desaparición de la Carta Magna de la disposición adicional primera, "que consagra los derechos históricos forales" y que no exista distinción entre "nacionalidades y regiones", porque "toda la organización del Estado se produce en base a la idea de comunidades autónomas".

Fernando Maura propuso suprimir el artículo 3.3 de la Constitución, que declara las lenguas cooficiales objeto de especial respeto y protección. A su juicio, este precepto "favorece la imposición y la discriminación lingüísticas".

El candidato de UPyD, que presentó las bases del programa electoral de su partido, subrayó la necesidad de la reforma de la Constitución y el impulso de medidas de regeneración democrática. A su juicio, deben existir un sistema listas abiertas, con el fin de "reforzar la autonomía de los parlamentarios respecto de las burocracias de los partidos".

En su opinión, de esta forma, se lograría "un sistema electoral más representativo y unas instituciones más transparentes y más respetuosas con la democracia", y no supondría "tener que elegir entre una izquierda y una derecha sectarias y antiguas, que son incapaces de entenderse para defender los intereses comunes de los ciudadanos".

SEPARACION DE PODERES

También consideró que otra de las prioridades de la modificación constitucional que propugna sería "reforzar la separación de poderes, para que jueces y fiscales no actúen como delegados de los partidos políticos".

Defendió, asimismo, que el Tribunal Constitucional pase estar integrado por 15 magistrados, en lugar de 12. Los tres nuevos jueces  serían designados por el CGPJ, mientras que el Fiscal General del Estado precisaría de una mayoría de tres quintos. 

El dirigente de Unión, Progreso y Democracia propugno la reforma del artículo 16 de la Carta Magna, sobre la libertad religiosa, que, a su entender, tendría que sustituirse por otro precepto que establezca que "ninguna confesión tendrá carácter estatal". "Nuestro partido se reivindica como un partido laico", aseveró.

Por último, insistió en la necesidad de estas modificaciones que irían dirigidas a que "todos los españoles tengan los mismos derechos y obligaciones, sea cual sea la región" en la que viven, y servirían para que "los partidos nacionalistas dejen de condicionar y coartar el presente y el futuro del país".