La Delegación del Gobierno en Madrid ha prohibido la manifestación convocada para el próximo sábado 18 en la capital por la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) y la Unión de Oficiales (UO) para exigir que su jornada laboral se equipare a la de la Policía Nacional. En su resolución, a la que ha tenido acceso Efe, el Gobierno justifica su decisión diciendo que la marcha "tiene un objetivo inequívocamente sindical" y recuerda que los guardias civiles y sus asociaciones profesionales "tienen constitucional y legalmente prohibido el ejercicio del derecho de reunión y manifestación cuando su objetivo sea de carácter político o sindical". La Delegación del Gobierno añade que la documentación aportada por los convocantes pone de manifiesto su voluntad de adoptar "una medida de presión frente a la Administración" para plantear públicamente sus reivindicaciones laborales y llega a mencionar expresamente "la existencia de un conflicto laboral que se pretende solucionar a través de la manifestación".

"Por tanto, nos encontramos ante una clásica medida sindical de apoyo a un conflicto colectivo, constitucional y legalmente prohibida tanto a los guardias civiles a título individual como a sus asociaciones profesionales", señala. AUGC y UO, que han anunciado a Efe que recurrirán la prohibición, calculaban que a la marcha -que iba a terminar frente a la sede de la Dirección General de la Guardia Civil- asistirían unos 20.000 guardias civiles. Representantes de ambas asociaciones se concentraron el pasado martes frente a la sede del Ministerio del Interior, en una concentración que sí fue autorizada por la Delegación del Gobierno -que consideró que no estaba "incursa en el supuesto de prohibición previsto en la normativa reguladora del derecho de reunión"- y en la que expusieron las mismas demandas laborales.

La primera gran movilización de guardias civiles tuvo lugar el 20 de enero de 2007, cuando miles de agentes, muchos de ellos uniformados, participaron en una concentración en la Plaza Mayor de Madrid para reivindicar una ley de derechos y deberes y un nuevo régimen disciplinario, que fueron posteriormente aprobadas. En aquella ocasión, el Ministerio del Interior expedientó a 21 agentes que habían asistido de uniforme al acto. Otros seis guardias fueron expedientados en 2008 después de participar el 18 de octubre de ese año en una manifestación por las calles de Madrid junto a los sindicatos policiales, bajo el lema "Por la dignidad económica y profesional". Las asociaciones de la Guardia Civil no figuraron entonces como convocantes de la marcha, después de las advertencias de sanciones hechas desde el Ministerio del Interior