Cada cierto tiempo, un nuevo concepto se incorpora al vocabulario de los servicios sociales. Lo cierto es que son mucho más que palabras, porque entran de lleno en la vida de las personas más vulnerables. Renta básica, unidades sociosanitarias, valoración de la dependencia... Uno de esos términos que no deja a nadie indiferente es el copago. Especialmente cuando afecta a la vivienda habitual, como ocurre con el reconocimiento de deuda. Este concepto, que se introdujo en la norma foral de residencias en diciembre de 2005, se ha hecho realidad en Vizcaya con el cobro de las primeras cantidades a trece familias. El proceso sigue en marcha, ya que son 25 las familias que han solicitado la liquidación de la deuda contraída tras el fallecimiento de sus mayores. En todos los casos son pagos voluntarios, recalca el diputado de Acción Social, Juan María Aburto. La media es de 5.800 euros. «Son personas que llevaban poco tiempo en la residencia», añade. Mes a mes van pagando parte del servicio, en función de sus ingresos, y a su muerte es cuando se abonan las cantidades pendientes. Al pedir la factura, los herederos zanjan los trámites y pueden hacerse cargo de sus bienes. Son los primeros resultados de un sistema de financiación de las plazas residenciales que todavía no ha empezado a aplicarse de forma generalizada. En las Juntas Generales hubo poco debate antes de la aprobación de la norma foral de residencias -con los votos de PNV, EA y PSE- pero la realidad ha demostrado que el reconocimiento de deuda es un tema muy sensible. En los primeros meses, la demanda de plazas cayó hasta un 25%. El Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales advirtió del «rechazo» que genera el uso de los pisos como garantía de pago y pidió que se agilizaran los trámites, que incluyen avales o escrituras públicas para formalizar el compromiso.
La institución foral hizo algunos cambios, como ampliar el plazo para realizar estas gestiones con el fin de no retrasar los ingresos en los geriátricos. El debate de fondo llegó con el anteproyecto de la Ley de Servicios Sociales. En enero de 2007, el Gobierno vasco anunció que, con el nuevo marco legal, ningún anciano debería responder de la deuda con su vivienda habitual, y sólo lo haría con otras propiedades como segundas residencias. Algo que inquietó a la Diputación de Vizcaya y sobre todo a la de Álava, que aplica este sistema desde 1995.
Tras la polémica, se llegó a un consenso básico: la vivienda habitual podrá utilizarse para pagar la asistencia siempre que no supere un determinado importe. El límite será el precio de un 'piso tipo' calculado con datos oficiales y se barajan cuantías de unos 250.000 euros. Esto dejará fuera a un buen número de mayores y reducirá los ingresos de las arcas forales.
A la espera de la aprobación de la ley, el sistema está «en periodo de 'impasse'», explican los responsables forales. Por eso sólo se ha actuado a petición de las familias. «No hemos echado ni vamos a echar a nadie de su casa», afirma Aburto. El Gobierno vasco dejará en manos de las diputaciones el desarrollo reglamentario, que decidirá el carácter retroactivo de la nueva regulación. La Diputación, que siempre se ha mostrado dispuesta a «dulcificar» el reconocimiento de deuda, prefiere aguardar a que se concrete el marco legal antes de ponerlo en práctica con todas sus consecuencias.
«Nuestra prioridad no está en cobrar sino en atender a la gente», insiste el diputado. El compás de espera, sin embargo, no será indefinido. Dependerá de los plazos de la ley, que todavía no ha llegado al Parlamento. Ni siquiera el proyecto ha sido aprobado por el Consejo de Gobierno. Mientras tanto, las necesidades siguen creciendo y el escenario económico se ensombrece. El Departamento de Acción Social -que maneja el mayor presupuesto de la Diputación- está decidido a no recortar servicios aunque disminuya la recaudación. Un delicado equilibrio que se apoya en el copago.
