La vicepresidente del Gobierno ha anunciado la reforma de la legislación en materia de libertad religiosa, con objeto de "avanzar en la condición de laicidad que la Constitución otorga a nuestro Estado". La vicepresidente del Gobierno, que es secretaria judicial de carrera, ha estudiado Derecho. Lo que no sabemos es con qué aprovechamiento, porque la Constitución no incluye la "laicidad" del Estado en ninguna parte. Lo que la Constitución establece es que ninguna confesión religiosa tendrá carácter estatal. En otras palabras, que el Estado no es confesional, como sí lo son, por ejemplo, democracias como Israel (confesional judío), o en la Unión Europea el Reino Unido (confesional anglicano), y Dinamarca (confesional luterano); también es confesional luterano el Estado de Noruega. En todos estos países, el Estado tiene una religión oficial. Esto, en España, desapareció precisamente con la Constitución de 1978, y hoy es lisa y llanamente mentira que alguna confesión tenga privilegios sobre las demás: el Estado tiene acuerdos de colaboración con varias confesiones religiosas, no sólo con la Iglesia católica, y la fórmula de la famosa crucecita en la declaración de la renta es algo de lo que ninguna otra confesión religiosa quiere ni oír hablar.
¿Por qué dice mentiras la videpresidente del Gobierno? Se me ocurren tres respuestas posibles: primera, porque es muy ignorante y se cree que la Constitución establece la confesionalidad del Estado; segunda, porque cree que la Constitución se está incumpliendo, pero no se atreve a plantear un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la Ley de Libertad Religiosa; tercera, porque sabe perfectamente lo que dice la Constitución, pero tiene que mentir para disfrazar la voluntad del Gobierno de agredir concretamente a la Iglesia católica.
