El PP de Getxo (Bizkaia) presentará una iniciativa para su debate en el próximo pleno municipal en la que solicita al Ayuntamiento que inste al Gobierno vasco a crear un servicio de inspección de ayudas sociales, que garantice que esas subvenciones llegan a las personas que más lo necesitan. En rueda de prensa, la portavoz del PP de Getxo, Marisa Arrúe, y la edil popular responsable de Servicios Sociales, Raquel González, presentaron esta iniciativa y confiaron en que sea aprobada en el pleno por todos los grupos, ya que esta comisión "es necesaria en momento de recesión como, por desgracia, estamos empezando a sufrir".
Arrúe señaló que la lucha contra la exclusión social "se ha convertido, dada la creciente amplitud del fenómeno, en uno de los principales retos que debe afrontar nuestra sociedad". Según indicó, los datos del paro del primer trimestre del año reflejan que en el municipio de Getxo hay 2.700 parados, "de los que 1.586 son mujeres". Tras reconocer el trabajo del Ayuntamiento, desde Behargintza, para potenciar el empleo, consideró necesario "redoblar los esfuerzos y profundizar en mejorar las políticas de empleo y de inclusión social".
Para ello, señalo que, desde el Ayuntamiento, se debe velar, "sin el ánimo de poner bajo sospecha o sembrar dudas, por el cumplimiento verdadero del objetivo que se persigue con las ayudas sociales, que no es otro que las percepciones sociales sean recibidas y destinadas las personas que realmente lo necesitan y para la finalidad para la que que son concebidas".
En ese sentido, desveló que según los últimos datos del Gobierno vasco hay un 15 por ciento de fraude en las ayudas sociales, porcentaje que, según los datos que maneja la Diputación Foral de Bizkaia, se eleva hasta el 30 por ciento. Para Arrúe, estos datos son "alarmantes", teniendo en cuenta que "sólo se ha inspeccionado un mínimo, por lo que cuando todos los expedientes sean revisados se pueden disparar el porcentaje".
La portavoz popular indicó que el Ayuntamiento tiene un presupuesto para ayudas de emergencia social que asciende a 11,3 millones, procedentes del Gobierno vasco, y recordó que el pasado año, el Consistorio tuvo que poner más de 200.000 euros "porque nos quedamos sin dinero".
Arrúe explicó que el Consistorio tiene previsto, para 2008, destinar 1,28 millones de euros al pago de las ayudas de emergencia social, menos cantidad que el pasado ejercicio, y mostró su preocupación porque, "ante una situación de más desempleo, vamos a tener menos dinero en el Ayuntamiento para este capitulo".
La portavoz popular remarcó la necesidad de crear una comisión que controle la distribución de estas ayudas, porque "la voluntad de las administraciones es que todo este tipo ayudas vayan a las personas que verdaderamente lo necesitan".
Por ello, consideró que es el momento adecuado para exigir al Gobierno vasco que cree esa comisión "para tener un verdadero control de este tipo de ayudas y no estemos al albur de la picaresca que hoy en día se dan en este tipo de ayudas en algunos casos".
Por su parte, Raquel González explicó si se extrapola al municipio de Getxo los datos que maneja la Diputación vizcaína, el porcentaje de fraude supera los 485.200 euros, "lo que quiere decir que nuestras familias tipo de Getxo de unos tres miembros destinan más de 150 euros a Servicios Sociales, de los que 46 son fraudulentos".
"Esto quiere decir que esos 46 euros que están pagando nuestras familias en concepto de tasas e impuestos y que se destinan a servicios sociales se los están llevando gente que no los necesita, cuando podríamos reutilizarlos a asegurarnos de que llegamos a todos sin tener que subir impuestos", manifestó.
González aseguró que se dan "situaciones anómalas que ya se han detectado, como familias que tienen a miembros empadronados en distintos ayuntamientos de la zona y que reciben ayudas de varios municipios, miembros de la misma empadronados en diferentes casas del municipio o personas que según reciben la subvención abandonan el municipio".
