La Audiencia Provicial de Bizkaia condenó hoy a dos años de cárcel a una abogada que estafó a un total de 40 inmigrantes a quienes prometió regularizar su situación tras ofrecerles trabajo. El Colegio de Abogados de Bizkaia la inhabilitó por dos años por estafa. El supuesto empresario, también procesado, no fue condenado porque "quien cobraba los recibos era ella". La vista oral no llegó a celebrarse porque se alcanzó un acuerdo previo entre las partes para que la condena se estableciera en dos años para la abogada, que habría estafado, en realidad, a 66 extranjeros, aunque sólo 40 la llevaron a juicio.
El abogado de Harresiak Apurutuz, José Ángel Esnaola, aseguró, en declaraciones a los periodistas, una vez alcanazado el acuerdo, que la letrada ha aceptado la pena, así como su inhabilitación por dos años por parte del Colegios de Abogados, periodo en el cual no podrá ejercer la profesión en ese periodo. La Audiencia vizcaína la ha condenado también al abono de 4.680 euros de multa, así a la devolución del dinero a los estafados, un total de 800 euros por cada uno de los cuarenta denunciantes, además del pago de las costas del proceso.
José Angel Esnaola indicó que la condenada se ha comprometido a pagar un tercio del dinero en breve y lo demás en plazos. El abogado de Haurresiak Apurtuz indicó que, si la abogada "devuelve el dinero y no tiene antecendentes penales, no ingresará en prisión".
No obstante, el cumplimiento de la sanción como colegiada no se suspenderá, por lo que en cuanto, reciba la sentencia, el Colegio de Abogados la suspenderá en el ejercicio profesional por dos años.
"Creo que es la primera vez que una colegiada es suspendida para el ejercicio de su profesión por estafa a inmigrantes", indicó Esnaola, quien destacó, además, que ha sido el Colegio de Abogados quien "ha mediado y pedido que se llegue a este acuerdo". Esnaola aseguró que están "satisfechos" por la sentencia, aunque recordó que fue la Subdelegación del Gobierno la que pidió que acudiean al juzgado a realizar una inventigación penal, cuando, a juicio de Harresiak Apurtuz, la investigación de las redes que trafican con inmigrantes "es resposabilidad de las instituciones, de la Fiscalía, la Inspección de Trabajo y la Subdelegación".
"Delegar esto en el movimiento social es una falta de responsabilidad" por parte de las instituciones, por lo que solicitó documentación para los inmigrantes, que se respeten los derechos de los extranjeros y que la Subdelegación siga investigando "por qué en Euskadi hay tantos inmigrantes víctimas de derechos fundamentales y tantas empresas fantasmas y tantos empresarios que no cumplen lo que prometen". Tanto la Fiscalía y el abogado de la coordinadora de ONGs de Euskadi, Harresiak Apurtuz, solicitaban, antes de llegar al acuerdo, seis años de prisión para un supuesto empresario y otros tantos para una abogada, que quedaron reducidas a dos, tras el acuerdo alcanzado hoy. Este "queda fuera" de la condena, según Esnaola, porque "quien cobraba los recibos era ella".
Los inmigrantes salieron a la calle del Palacio de Justicia gritando que se había hecho justicia y su portavoz, Ousmane Diouf, dijo que estaban muy contentos y que esperaban que la Subdelegación del Gobierno regularicen sus papeles.
