La Brigada de Policía Judicial ha puesto en marcha la segunda fase de la "Operación Bloque" con la detención en las últimas horas de un empresario de nacionalidad china en Coslada por su presunta vinculación a la trama de corrupción desmantelada en el municipio a raíz de las denuncias de varias prostitutas, informaron hoy a Europa Press fuentes policiales. La investigación contra los implicados en la red mafiosa liderada por el jefe de la Policía Local de Coslada, Ginés Jiménez, continúa abierta y se prevén más detenciones para la próxima semana. Las fuentes consultadas por Europa Press aseguran que la trama corrupta salpicará en breve a otros municipios. Hasta el momento, trece agentes locales de Coslada cumplen prisión preventiva en la prisión de Alcalá-Meco después de que el juez Eduardo Cruz Torres, que instruye el caso, confirmara el pasado miércoles las órdenes de ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza dictadas por los jueces de guardia de Coslada y los Juzgados de Plaza de Castilla. El ingreso en prisión se basó en la alarma social creada en Coslada por la banda criminal. La primera fase del operativo policial arrancó el pasado 7 de mayo con la detención de un total de 26 policías locales, entre los que estaba el considerado cabecilla de la red corrupta. El día 11, el juez de Instrucción número 7 de Madrid envió a prisión a dos de los agentes por los delitos de asociación ilícita y abusos sexuales. En la madrugada del pasado martes, la juez de guardia de Coslada ordenó el ingreso en prisión comunicada y sin fianza de Ginés y otros diez imputados. Para dos de los agentes, David M.G. y Pedro P.F., la magistrada decretó cárcel eludible bajo fianzas de 6.000 euros y 12.000 euros, respectivamente. Estos policías abandonaron en la tarde de ayer la prisión de Alcalá Meco tras depositar el dinero de las finazas. Al conocido como "El Sheriff" se le imputan delitos de extorsión, amenazas, prevaricación, cohecho y tenencia y depósito de armas. A su "número dos", Carlos M.G., se le acusa de asociación ilícita, incitación a la prostitución, abusos sexuales, contra la integridad moral, lesiones, sustracción y apropiación indebida de droga y dinero, prevaricación, estafa y contra la Administración de Justicia por la manipulación de pruebas. En sintonía con los criterios de la fiscal, la magistrada basó su solicitud de prisión en la gravedad de los hechos cometidos, en la posible obstrucción a la acción de la justicia, el abuso de autoridad y la alarma social. Los abogados recriminaron que esta última circunstancia no está prevista en la LEC como fundamento para enviar a un imputado a prisión preventiva.
