Son cinco más de lo anunciado y se colocarán a finales de este año.
Estarán entre la plaza Tres Pilares y Cantalojas.La vigilancia con videocámaras en la calle San Francisco abarcará más de lo previsto inicialmente. Aún no han comenzado a colocarlas y ya se ha previsto aumentar su número. De las 14 anunciadas hace unos meses por el área de Seguridad Ciudadana, se ha pasado a 19. Y si se cumplen las previsiones estarán funcionando a finales de año. La medida no está sólo destinada a perseguir la delincuencia en San Francisco, sino en otras 13 calles adyacentes. El contrato que ha sacado a licitación el Ayuntamiento de Bilbao propone esos 19 puntos de vigilancia entre el puente Cantalojas y la plaza de los Tres Pilares, los extremos de la calle San Francisco. Además, detalla los puntos dónde deben enfocar las cámaras: las plazas Tres Pilares, La Cantera y Corazón de María; además de las calles transversales de Bailén, Dos de Mayo, Hernani, Arnotegi, La Laguna, Cantalojas, Conde Mirasol y Arechaga. Es decir, una mirada alargada hacia toda la zona, la más expuesta al delito de todo Bilbao. Los datos son claros. En San Francisco, el índice de delitos es de 107 por cada 1.000 habitantes frente a la media de Bilbao, en tornos a los 40. Las cámaras no podrán grabar, ni imágenes ni sonido, del interior de las viviendas de la zonaPara conseguir una vigilancia exhaustiva, se colocarán cámaras fijas y móviles, «allí donde sea necesario». El sofisticado sistema terminará en la comisaría central de la Policía Municipal de la ciudad. Aquí, las imágenes se podrán contemplar en seis monitores y dos ordenadores. Las imágenes permanecerán grabadas durante una semana.
No enfocarán el interior del piso La vigilancia será exhaustiva, pero también tendrá sus limitaciones. En primer lugar, las cámaras no podrán grabar, ni imágenes ni sonido, del interior de las viviendas de la zona. Para su colocación y con el objetivo de no alterarlas fachadas, deberán instalarse, cuando sea posible, en las farolas de la calle o en soportes especiales. Además, el contrato incide en que las cámaras no podrán grabar conversaciones privadas, y, en caso de hacerlo, deberán ser destruidas de forma inmediata.
